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Siguen olvidando la Ley de Ética Pública

En la tarde del pasado miércoles, sobre el final de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador Bordet destacó “el consenso logrado con la oposición” al sancionar leyes, entre las que mencionó la Ley de Ética Pública.

Según resaltan Análisis y El Entre Ríos, “alguien le informó mal o Bordet formuló una expresión de deseos”, ya que “lo único que se logró fue un avance relativo en Diputados, donde se unificó en un expediente tres iniciativas que buscaban reglamentar el artículo 37 de la Constitución Provincial”.

Más allá de este desliz, vale recordar que, cuando asumió Bordet, la Ley de Ética Pública ya llevaba siete años cajoneada por la gestión de su antecesor, Sergio Daniel Urribarri.

En aquel entonces, el entonces flamante Gobernador dio una entrevista a fondo a Análisis y advirtió, sin ponerse colorado, que “si algún funcionario provincial es denunciado, hasta tanto se demuestre el resultado, le pediré que tome licencia en el cargo”.

Quince meses pasaron de aquellos momentos y la Ley en cuestión sigue cajoneada y, como si esto fuera poco, Bordet mantiene en un cargo inventado (ñoqui) a un condenado en primera instancia por corrupto como el ex intendente Luis Erro, a la vez que le mantiene cajoneadas más de media docena de causas que lo comprometen seriamente.

Según resaltan Análisis y El Entre Ríos, en estos días todos recuerdan el artículo 37 de la Constitución de Entre Ríos, que dice cómo debe ser la conducta de los funcionarios públicos, pero todos olvidan el pequeño detalle de que lleva más de ocho años sin ser reglamentado.

Si no fuese así, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos no serían secretas, como lo son desde 1953, siguen recibiendo “regalos de cortesía” libremente, y nadie puede decir nada de los conflictos de intereses entre los funcionarios y sus funciones.

Si no fuese así, y la Ley de Ética Pública estuviese reglamentada, todos podríamos conocer la conformación de los patrimonios de los funcionarios públicos y veríamos en el Boletín Oficial una lista de cumplidores e incumplidores de la norma.

O sea, de estar reglamentado este sensible artículo, tal vez serían menos los sonados casos de corrupción.

Como bien remarcan Análisis y El Entre Ríos, todo esto puede parecer algo trivial, pero significa que la provincia carece de una Ley de Ética Pública con alcance para los tres poderes del Estado, lo cual la coloca entre los primeros lugares del ranking de provincias sospechosas.

Como se puede apreciar en estos días, la alevosa desfachatez de los funcionarios no conoce límites, mientras que su impune moralidad no recibe condenas.

Norman Robson para Gualeguay21

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