Desde el bloque de Senadores de Cambiemos emitieron un documento, fechado en Paraná el 28 de setiembre, donde consideran que el desplazamiento del Fiscal Santiago Brugo es un retroceso en la investigación de la corrupción estatal.

El documento
“Un amplio sector de la sociedad entrerriana ha quedado absorto, y hasta mudo, frente al desplazamiento intempestivo y rodeado de secretismo del Dr. Santiago Brugo desde la Unidad Fiscal de Investigaciones y Litigación a una Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes, lo cual fue dispuesto por el titular del Ministerio Público Fiscal, Dr. Jorge Amílcar García.
Ello es así porque el Dr. Brugo es portador de una experiencia intelectual y práctica extraordinarias en la investigación de delitos de criminalidad compleja y vinculada al poder político estatal, lo cual adquirió trabajando en Juzgados y Fiscalía del Fuero Federal en  Capital Federal, entre ellos, en la Unidad Fiscal que dirigía el Dr. Alberto Nisman, para  mencionar sólo uno de los más notables lugares de la justicia en que se desempeñó.
Lo señalado ha quedado plasmado en su actuación ante el Fuero Penal de esta Provincia, cuando se le permitió avanzar en investigaciones de supuestos delitos cometidos por altos funcionarios del anterior gobierno provincial (incluso del actual), como son los que se les atribuyen al ex-gobernador Urribarri, y su entorno familiar, incluido el caso SIDECREER y sus derivados por enriquecimientos ilícitos y solo a título ejemplificativo, entre muchos otros.
El argumento que utiliza la Procuradora Adjunta, Dra. Cecilia Goyeneche, mano derecha del Dr. García, que el Dr. Brugo habría estado inmerso en un retraso de algunas causas emblemáticas, no convence, porque es sabido que si esas causas no avanzaron más, lo fue porque no había instrucciones ni voluntad de la superioridad para que ello ocurriera. Recuérdese que en la estructura del Ministerio Público Fiscal, es el Procurador General el que no solamente tiene el gobierno y administración de ese Organismo, sino que es también quien expide las instrucciones a los integrantes del mismo, diseñando la política criminal y de persecución del delito.
El argumento, casi una falacia ad hominem de “dinamizar”, “eficientizar” y “reorganizar” la Unidad Fiscal vinculada a la pesquisa de casos de corrupción administrativa, no se condice cuando durante muchos años o miraron para otro lado o, derechamente, tuvieron paralizadas, sin sustanciarse y “durmiendo el sueño de los justos”, muchas, la mayoría, de las causas emblemáticas, como son las de la Municipalidad de General Ramírez (ex Intendente y ex Senador Kramer), de los ex Ministros del Gobierno de Montiel, las causas que se le siguen al sempiterno Diputado y titular de la UPCN José Ángel Allende, la de las cosechadoras truchas (Senor) donde están implicados los Ex Ministros Schunk y Valiero, entre otros, y solo para mencionar algunas.
Porque si algo se avanzó en estos últimos tiempos ha sido, esencialmente,  por el hastío de la ciudadanía y  el empeño y constancia de algunos abogados que, sin fueros ni recursos especiales, han formulado concretas denuncias y puesto en el tapete de la consideración pública muchos casos de corrupción que el Ministerio Publico Fiscal sistemáticamente ignoró como si no hubieran existido.
No se advierte, o conoce a ciencia cierta, cuál es la política criminal de persecución de los delitos de corrupción estatal que tiene el Ministerio Público Fiscal, cuando sólo se ha podido observar, hasta el presente, el dejar hacer, y hasta con una actitud complaciente y de poca voluntad investigativa, en hechos de esta naturaleza.
Casi con exclusividad se privilegió la persecución de la pedofilia y de algunos casos socialmente resonantes, lo cual no está mal y es correcto, pero sí llama la atención de propios y extraños cuando al mismo tiempo no se puso el mismo empeño y enjundia en perseguir a los delitos de corrupción administrativa, que produjeron el saqueo de recursos del Estado y de la sociedad en su conjunto por parte de funcionarios desaprensivos y empresarios amigos. Es bueno recordar, siempre y en todo momento,  que la corrupción también mata. Y no es esto un cliché ni una frase efectista. Es una verdad absoluta y dolorosa que muestra que nuestros dirigentes son a veces no más que los rostros vergonzantes de un mundo que mide sus valores en cifras.
Es cierto que ahora se advierte que hay apuro en avanzar en algunas causas, y seguramente que lo es por la enorme presión que ejercen los denunciantes, los medios periodísticos y la ciudadanía toda, cansada y hastiada de tanto despojo y latrocinio de los bienes públicos sin que exista ningún funcionario corrupto condenando. Ello se vio reflejado, en alguna medida, con los resultados electorales del 13 de agosto pasado.
En este contexto, no es un hecho menor que el Dr. Santiago Brugo debió actuar, y se sabe que fue por instrucciones recibidas desde la Procuración General del Ministerio Público Fiscal, para que en un día inhábil judicial (día del abogado), y en un horario nocturno (20 horas), se le tomara declaración y fuera identificado el ex gobernador Urribarri, por hechos de corrupción en su gestión de gobierno y que se le atribuyen, evitando el mismo, de esta manera, enfrentarse a la prensa libre, como un ciudadano de a pie. Lo propio ocurrió con el actual Fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes, a quien, en absoluto secretismo, y hasta en una suerte de clandestinidad fue a declarar en calidad de testigo, a raíz de la incómoda situación en la que lo colocó el ex Ministro Pedro Báez cuando prestó declaración indagatoria, también por un hecho vinculado a la corrupción en perjuicio del Estado Provincial. Esto constituye un privilegio inadmisible, y va en desmedro del sistema republicano de gobierno y del principio constitucional de igualdad ante la ley.
Todos estos antecedentes minimizan  y desacreditan totalmente los argumentos baladíes que se esgrimen para pretender arropar el sugestivo desplazamiento aludido del Dr. Santiago Brugo. Es cierto que este Fiscal está atravesando una situación familiar compleja, pero se pudo haber solucionado de otra manera: reforzando su Fiscalía, asignándole otros colaboradores para que actuaran bajo su supervisión y asesoramiento. En ese sentido, el Procurador General cuenta con atribuciones suficientes para ello. Nunca se pudo haber apartado, de la forma en que se lo hizo, a un Fiscal de los antecedentes y experiencia del Dr. Brugo y tan luego en las causas más emblemáticas vinculadas con la corrupción contra el Estado Provincial.
En absoluto se lo descalifica a quien se ha puesto al frente de estas causas, que es el Dr. Gonzalo Badano. Cuenta con innegables méritos y supuestos conocimientos de todas las causas de corrupción, pero no está exento de vulnerabilidad por ser interino y no tener la estabilidad que sí tiene el Dr. Brugo, después de haber sorteado un concurso y haber recibido el consecuente acuerdo del Senado. Recuérdese que no hay antecedentes de que en los últimos tiempos se hubiera actuado, por delitos de corrupción, contra funcionarios que estuvieran en el poder, y por algo será. Con ese privilegio se debe terminar, para que la sociedad vuelva a creer en la Justicia.
Es evidente que el desplazamiento del Fiscal Brugo de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación (UFIL), por lo menos, implica un notorio debilitamiento del Organismo encargado de la lucha contra la corrupción estatal, y deja más dudas que certezas acerca de las reales y objetivas motivaciones invocadas para ello, por lo que no se puede ser indiferente, y es ello lo que genera mucha preocupación en un amplio sector de la sociedad entrerriana.
Por todo ello y por la representación que ejercemos de los intereses de la ciudadanía entrerriana, nos comprometemos públicamente a seguir de cerca estos asuntos que son connaturales al estado de derecho y a la ética republicana”.
Bloque de Senadores de Cambiemos - Provincia de Entre Ríos