El Gobierno nacional creó un registro que deberán usar los distritos provinciales que reciban fondos nacionales con el objetivo es eliminar la discrecionalidad en la asignación y los fraudes contra el Estado.

La administración de Mauricio Macri acaba de dar un paso que venía meditando desde hace meses con la intención de transparentar el destino de los fondos para la construcción de viviendas sociales, un enjambre de dinero que dio origen a algunos de los escándalos de corrupción más resonantes del kirchnerismo, como los casos de Milagro Sala, de la fundación Sueños Compartidos y del ex secretario de Obras Públicas José López.
Con la expectativa de no herir la susceptibilidad de los gobernadores, pero al mismo tiempo evitar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, en el ámbito del Ministerio del Interior se creó un registro único de viviendas sociales a nivel nacional que le permitirá saber con precisión si el otorgamiento de las casas se hace con una orientación política o guiado por la necesidad social. Se trata de un cambio sustancial para uno de los presupuestos importantes de la Nación, que este año contará con fondos por 15.000 millones de pesos.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, firmaron en las últimas horas una resolución que invita a las provincias a sumarse al registro. Aunque la propuesta no es obligatoria, será necesaria para que los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV), que dependen de los gobernadores y manejan la construcción de casas para los sectores menos favorecidos, reciban fondos del Gobierno nacional para financiar obras en su territorio.
"No es un control coercitivo. Estamos invitando. Ellos pueden designar a dedo a los beneficiarios si lo hacen con su dinero. Pero si financiamos el 70 por ciento o el cien por ciento de la obra, queremos ponerles algunas condiciones para que todo sea transparente y claro", aseguró Amaya a La Nación.
A cambio, los gobernadores mantendrán un alto grado de autonomía al momento de definir dónde, cómo y con qué empresa construir las viviendas. También seguirán administrando los recursos que envíe Nación, algo que fue puesto en duda por algunos funcionarios el año pasado.
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